SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE PEAJES EN REDES DE ALTA CAPACIDAD A PARTIR DE 2024.

Comunicados AIRE, Documentos
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Ante una actuación del Gobierno de España que supone, objetivamente, una agresión económica contra el conjunto de las clases trabajadoras, la Alianza de la Izquierda Republicana de España (AIRE), desde nuestro compromiso con la justicia social, se manifiesta en contra de dicha medida.

Los peajes constituyen una forma de imposición indirecta y, por lo tanto, tienen un carácter fuertemente regresivo, pues gravan por igual a toda la ciudadanía con independencia de su poder adquisitivo, lo que quiere decir que, proporcionalmente, perjudican mucho más a las personas de rentas bajas que a las de rentas altas, por lo que, desde una perspectiva progresista y de izquierdas, deberían tender a minimizarse o eliminarse. Item más cuando, nos guste o no, el automóvil privado continúa siendo uno de los medios de transporte más utilizados por las personas de clase obrera para trasladarse a sus centros de trabajo.

El argumento de que no es justo que todo el mundo pague por un servicio que no todo el mundo utiliza es comparable al de que los pacientes de las mutuas no tendrían por qué contribuir con sus impuestos al mantenimiento de un servicio público de salud, o el de que los padres y madres que escolarizan a sus hijos en centros privados no deberían subvenir a la escuela pública. Es lamentable ver cómo se imponen impunemente, gobierne quien gobierne, criterios de gestión de los servicios públicos de tipo ultraneoliberal que atentan contra el más elemental principio de solidaridad que debería regir, por encima de cualquier otro, toda política que pretenda considerarse de izquierdas.

Las consecuencias indirectas de esta medida, además, pueden ser el incremento del número de muertes por accidente de tráfico, ya que previsiblemente aumentará la circulación de vehículos por la red de carreteras secundarias, de menor capacidad y mucho menos seguras, así como la subida de los precios de mercancías transportadas por carretera –la mayoría de primera necesidad, como alimentos– a causa del incremento de los costes de transporte, con su repercusión en las economías familiares.

Desde AIRE defendemos una economía social y ecológicamente más sostenible y, por lo tanto, apostamos por una mayor inversión pública en ampliar y mejorar nuestra red de ferrocarril convencional –especialmente las líneas de cercanías–, que debería potenciarse por encima de otras opciones social y ecológicamente menos sostenibles como el transporte por carretera, el Tren de Alta Velocidad –la construcción de cuyas infraestructuras tiene un enorme impacto ecológico que no se ve compensado por ningún tipo de desarrollo económico en los territorios por los que atraviesa sin darles conectividad real– o la aviación comercial, que es uno de los sectores que más perniciosamente contribuyen al efecto invernadero. Sin embargo, tenemos muy claro que los costes de la transición ecológica no deben recaer sobre los hombros de las clases populares y trabajadoras, y menos aún ser utilizados como espuria excusa con finalidades puramente recaudatorias.

Bien al contrario: desde AIRE consideramos que ya va siendo hora de que la red de autopistas de peaje cuya concesión hace ya años que debió haber expirado, y de cuya gestión se siguen lucrando empresas privadas que hace ya muchos años que recuperaron y rentabilizaron las inversiones en ellas realizadas, reviertan por fin a una titularidad pública de la que nunca deberían haber salido. Mientras que, de implantarse la anunciada medida de la implantación generalizada de peajes, mucho nos tememos que el cobro de éstos, una vez más, sea gestionado por empresas privadas previa concesión del Estado, lo cual sería el colmo de la supeditación del interés público a los intereses del gran capital, ya que las autovías, al menos, han sido en su origen íntegramente financiadas por el Estado.

Y aprovechamos para recordar que las legítimas protestas por los abusivos peajes de las autopistas fue una de las primeras reivindicaciones populares. Estas fueron demagógicamente instrumentalizadas por el movimiento separatista en Cataluña, convirtiéndolas en una supuesta prueba del trato injusto y desigual dado a la Comunidad Catalana por parte del Gobierno de España.

Por otra parte, el hecho de que esta medida forme parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el gobierno de PSOE-UNIDAS PODEMOS ha remitido a la Comisión Europea, nos sorprende por su carácter regresivo. Y nos remite a la necesidad –reivindicada, frente a muchas interesadas incomprensiones, por la izquierda más consciente ya desde los tiempos del Tratado de Maastrich– de construir una Europa más solidaria, más democrática, más justa y más cohesionada socialmente, y no una mera unión monetaria que tan sólo beneficia a los territorios y sectores sociales más ricos en perjuicio de la Europa del Sur y del conjunto de todas las clases trabajadoras. Hay que reformar radicalmente Europa, o replantearnos radicalmente su proyecto.

Por ello, reclamamos que el Gobierno de España renuncie a esta media regresiva y perjudicial contra los intereses de las clases trabajadoras, y la sustituya por un plan de movilidad social y ecológicamente sostenible que genere, para el conjunto de la sociedad, auténtica riqueza y progreso.

Grupo Promotor de A.I.R.E.

Mayo de 2021.

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