REFLEXIONES SOBRE EL “NEGOCIO” ELÉCTRICO

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REFLEXIONES SOBRE EL “NEGOCIO” ELÉCTRICO

En la coyuntura actual, el sector energético es un sector estratégico por definición. Es sector estratégico tanto por sus propios aspectos económicos e industriales, como por sus implicaciones sociales.

Es relevante por su contribución al deterioro del “estado de bienestar” ya que afecta directamente a la economía de todas las familias al consumir y pagar estos suministros y también indirectamente ya que afecta a la mayoría a los costes de los productos y servicios que consumimos.

Desde sus inicios y durante un buen tiempo, este sector fue mayoritariamente de titularidad pública. Lo fue hasta que se implantan las poco inocentes, pero muy interesadas corrientes neoliberales mediante las que se han ido privatizando (a precios de saldo) las industrias y servicios públicos, es decir de lo que era de todos los ciudadanos españoles. Así que nos hemos quedado sin ellas, y sus dividendos ya no van a para a las arcas públicas sino a los “poderosos” que realmente tienen el poder. Los políticos, nuestros representantes, ya se han encargado de ir deshaciéndose de lo que en su día fue un importante patrimonio común de todos, además de una herramienta fundamental para poder aplicar e incidir en la política industrial, económica, laboral y algunas políticas sociales.

Dentro del sector energético, el eléctrico está de actualidad ya que se baten día tras día los precios de los MWh en la generación de electricidad y, al igual que los otros sectores, el del gas o el petróleo, saltan cíclicamente a las portadas de las noticias por lo mismo.

Este machaqueo constante con tanta “información”, siempre en el mismo sentido, sin cuestionar seriamente los mecanismos por los que los consumidores finales nos vemos condicionados y obligados a asumir los costes, los sobrecostes y los repartos de pingües beneficios de todo el sector, contribuye indudablemente a la normalización de la situación.

Da la sensación, y asumimos, que los incrementos de precios son la evolución normal de la economía, que es intocable e incuestionable; que las leyes y decretos que los regulan tampoco son cuestionables y son así ¡como si no pudiesen ser de otra manera!; o bien son como accidentes naturales o plagas y maldiciones divinas que torturan y maltratan nuestra economía, tanto la familiar como la general.

El sector eléctrico se divide en cuatro actividades o ciclos principales: la generación, el transporte (y transformación), la distribución y la comercialización y aunque se gestione mediante empresas diferenciadas, todas las grandes eléctricas actúan en todos los ciclos (excepto transporte y transformación).

El sector eléctrico es especial. Aunque esté “liberalizada” la generación y la comercialización, está regulado el transporte y la distribución y tiene un funcionamiento en régimen de oligopolio. Por si fuera poco, es un negocio que, para gozo, disfrute y garantía de sus accionistas, también se regula por ley el funcionamiento de la formación de precios del “mercado liberalizado” de la generación (a precio marginal).

Es especial ya que la política energética y estructura tarifaria, de este país ha sido definida históricamente, por el propio sector eléctrico, a través de UNESA (patronal del sector), que es la que elaboraba los planes energéticos que eran aprobados sistemáticamente por el Ministerio correspondiente.

Además de especial, es un sector privilegiado, ya que:

  • Por su naturaleza permite trasladar fácilmente todos sus costes al consumidor final, incluidos sus costes de ineficiencia, ya que no es posible escapar a su consumo; como se dice en economía, es una demanda inelástica.
  • Todos los ingresos y tarifas reguladas están aprobados por decretos ministeriales y compensan globalmente todos los costes de explotación e incluye el beneficio que ha de recompensar esa actividad (riesgo nulo en esas actividades).
  • Los precios de la generación de electricidad se fija por el máximo ofertado al mercado para cubrir la demanda, independientemente de los costes reales.

Por si esto fuera poco las inversiones en las instalaciones de trasporte, transformación y distribución, a diferencia del normal funcionamiento de cualquier empresa, en la que son sus accionistas los que deben aportar o conseguir los recursos económicos necesarios para esas inversiones, en este “negocio” eléctrico son el sector público, los promotores de los edificios, los titulares de la contratación de este servicio y los consumidores los que corren con la mayor carga de este “negocio”:

El sector público REE (Red Eléctrica de España) es la que asume las inversiones del transporte y la transformación.

  • Los promotores de edificios costean las inversiones necesarias (a costes reales o por baremo) en las redes de distribución para hacer llegar el tendido eléctrico hasta los edificios. Las instalaciones quedan en propiedad de la empresa distribuidora correspondiente. Naturalmente estos costes se trasladan a los compradores de esos edificios (industriales, comerciales o viviendas).
  • Al contratar el suministro eléctrico se paga por las “derechos de extensión y de acceso”, que costean la inversión en instalaciones que también se ceden a la Distribuidora.
  • En la factura de la electricidad además de cobrar los consumos también se paga por el término de potencia. No es consumo, es un importe fijo y se paga por la posibilidad, el derecho, de llegar a consumir determinada cantidad de kW. Aparte se pagan los consumos de kWh, el IVA y el IE (Impuesto especial sobre la electricidad).

Mientras, nosotros, los ciudadanos vemos impasibles, resignados y sin protestar, excepto en la barra del bar (ahora ni eso) cómo se realiza la transferencia de riqueza de los consumidores (ciudadanos) a los accionistas “poderosos” (esos sí que son de los tienen el poder, no los figurantes de políticos), los políticos de turno se encargan de enfatizar y aleccionar de que no se puede hacer nada ya que, además del mercado, la “todopoderosa UE” es la que dicta las normas. No se acuerdan de que cada año, esos mismos políticos son los que aprueban los Decretos que fijan los precios y la estructura de las tarifas, en las cuestiones reguladas y que, hace poco, sus antecesores fueron los que legislaron y dispusieron sobre todas las demás cuestiones liberalizadas.

Ya que nuestras protestas o quejas no consiguen alterar lo mas mínimo la evolución de este expolio (que no se da solamente en esta actividad económica), debiéramos al menos fijarnos y buscar si hay, o sino apoyar, una opción política que tenga en cuenta los intereses de nosotros, los “paganos” de ese festín ajeno.

Sería bueno que existiese una empresa pública de electricidad, pero “Cuán largo me lo fiáis amigo Sancho”. Sería bueno, sí, pero no para jugar a lo mismo o hacer de comparsa, o lo que puede ser peor, para sanear el sector para las otras empresas eléctricas, quedándose la pública con los problemas de la pobreza energética o asumiendo clientes y sectores que no quieran las otras.

Antes ¡Ya! hay muchas teclas que sí se pueden tocar y aunque no se afine mucho a la primera, seguro que se puede hacer una melodía que suene bien. A la vez trabajemos para conseguir que los sectores estratégicos sean o estén tutelados por el sector público y puedan desarrollarse en función de las necesidades de los ciudadanos con criterios equilibradores y respetuosos.

Juan Antonio Rodríguez

Miembro del Consejo Político de AIRE – La Izquierda

 

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