Impresiones sobre la nueva ley de vivienda

Opinión, Opiniones Fronterizas
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[Por David González, miembro de Foro de la Izquierda]
A los caseros particulares les fastidia, como con la ley catalana, obligándoles a congelar precios.
A los grandes tenedores de pisos –más de 10- dicen que les van a obligar a bajar precios. No veo como lo pueden hacer sin violar numerosas leyes.
Los contratos ya firmados no se pueden modificar por ley. Los grandes tenedores podrían reclamar judicialmente, y ganar el dinero no ganado a cuenta de eso, como pasa con las expropiaciones. Como mucho podrán obligarles a bajar cuando cambie el inquilino y se haga un nuevo contrato.
Precisamente porque no se puede obligar a bajar los contratos actuales, pasará como en Barcelona: muchos de los pisos actualmente en alquiler serán puestos en venta.
En Barcelona los precios han bajado por la crisis, pero debido a que otros muchos se han puesto en venta, no hay disponibilidad de pisos de alquiler suficientes. Hay menos pisos, y los caseros no pueden subir el precio a medida que la gente tiene más dinero disponible.
Los inquilinos ya no compiten en precio para conseguir vivienda, compiten entre ellos por ver quién es más solvente y quién va a cuidar mejor el piso.
El resultado es el siguiente:
Las familias con niños pequeños no pueden competir con los solteros sin hijos, porque los niños estropean más los pisos, y dan problemas para los desahucios. Son un riesgo que los caseros no quieren asumir, puesto que les sobran inquilinos donde elegir.
El subarriendo de habitaciones cada vez es más rentable, por lo que los pisos grandes se ponen en venta en lugar de en alquiler, para evitar dichos subarriendos. Es decir, los caseros quieren evitar que alguien le alquile el piso a precio regulado, y luego subalquile ilegalmente habitaciones ganando mucho dinero.
La ley catalana permite poner los precios de seguros, comunidad, y demás gastos en el contrato, sumándolos al pago mensual. El resultado es que todo el mundo alquila poniendo seguros de solvencia, las aseguradoras hacen negocio, y las personas que no tienen trabajo fijo o un aval de alguien que lo tenga, directamente no pueden alquilar. Se agrava el problema de que los menos solventes no podrán acceder a una vivienda.
Igual pasa con los fumadores y los que tienen animales, dado que el riesgo de daños para el piso es alto, suelen ser excluidos en muchas de las ofertas. La ley no permite pedir fianzas especiales en estos casos para cubrir los gastos de acondicionamiento que puedan ser necesarios a posteriori.
En resumen: cuando se aterrice al mundo real, la ley va a perjudicar más que ayudar, a aquellos que busquen vivienda en una zona tensionada con mucha demanda.
Además, si vamos a temas de procedimiento, resulta que es una ley que nace muerta, porque no se va a aplicar esta ley en toda España, sino donde quieran los alcaldes y barones regionales. Volvemos a las taifas y a la inseguridad jurídica.
Seguramente no se aplique en media España, incluyendo Madrid, pero los efectos negativos en el mercado de vivienda si se notarán en toda España.
El que tenga pensado comprar un piso en Madrid para alquilarlo tendrá en cuenta que en cualquier momento le pueden aplicar esa ley. Así que el estrangulamiento de la oferta se va a producir en toda España, gobierne quien gobierne, mientras que donde no se aplique dicha ley, por ejemplo Madrid, los precios no pararán de subir. En Madrid tendremos lo malo de los dos mundos.
En fin, habrá que ver cómo queda la letra de la ley. Tal y como se ha comunicado, habrá un estrangulamiento de la oferta de alquiler sobre todo de pisos y casas grandes para familias. En el caso de pisos pequeños afectará algo menos. Al haber menos oferta, y no poder elevar precios, solo los más solventes podrán acceder. Los caseros preferirán al que menos riesgo tenga
Está ley obliga a los promotores a hacer un 30% de vivienda social, pero de ese 30% solo la mitad serán alquileres sociales. La otra mitad pueden ser de precio tasado, que realmente tampoco son a precios asequibles para personas vulnerables. En Cornellá, por ejemplo, los han puesto a la venta a 250.000 € cada uno; precio tasado por pisos de 3 habitaciones. Imposible de asumir para un mileurista.
Sólo con un 15% de alquiler social sobre nuevas promociones, que van a ser muy pocas, no se construye un parque de viviendas en alquiler social suficiente.
Como en muchos otros temas, el Gobierno pretende hacer política de vivienda, pero que sean los promotores de vivienda y los caseros los que paguen dicha política, y eso nunca funciona, porque si te comes la rentabilidad de un negocio, el negocio directamente desaparece.
Nadie usa su dinero para hacer política social.
La manera de hacer una política de vivienda eficaz es construir con recursos públicos, un parque de vivienda en alquiler social.
Hay que usar el dinero de impuestos para hacer un parque de viviendas apropiado en las capitales de provincia más grandes, sobre todo en Madrid y Barcelona, pero eso exige gestión eficaz e impuestos, y no parece que les interese poner ahí el foco.

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