¿Quiénes somos?

Editorial
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La evolución política de España desde hace, como mínimo, veinte años demuestra a todas luces que este país necesita una organización política de izquierdas de ámbito nacional que recupere su primigenia vocación de representante de los intereses de la gran mayoría social que vive de su trabajo y que sea a la vez defensora de las libertades fundamentales y de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos españoles, de origen y de adopción, independientemente de la parte del territorio donde vivan, la lengua que hablen y las tradiciones culturales con las que se identifiquen. Esta necesidad deriva del hecho de que, por desgracia, los partidos institucionalizados que se autodefinen de izquierdas se han desnaturalizado, abandonando en mayor o menor medida la persecución de los objetivos arriba mencionados.

Es desolador ver, en efecto, cómo una parte de esa izquierda, la electoralmente mayoritaria, sigue sin liberarse de la creencia, asumida al final del gran ciclo expansivo del capitalismo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, de que no hay más política económica posible que la que se sustenta en los dogmas privatizadores y desreguladores del llamado neoliberalismo. Mientras otra parte de la izquierda, que se pretendía innovadora y radicalmente enfrentada a esos dogmas, ha acabado cayendo en el posibilismo más alicorto con tal de formar parte del gobierno, a la vez que parece haber abandonado la defensa de valores tan universales como los encarnados en la tríada libertad, igualdad, fraternidad, olvidando sobre todo esta última al considerar como aliados naturales a los nacionalismos periféricos, a los que es consustancial la egoísta pretensión de romper la solidaridad entre todos los españoles en nombre de unas míticas identidades separadas y excluyentes.

Por ello, y respondiendo a las inquietudes de numerosas voces que, procedentes de diferentes sectores y familias de la izquierda, dicen sentirse huérfanas de una organización que se centre consecuentemente en el logro de los objetivos antes mencionados, una serie de personas situadas en la franja izquierda del espectro político hemos decidido impulsar la creación de un partido que contribuya al reagrupamiento y movilización de esa izquierda huérfana: Alianza de la Izquierda Republicana de España (AIRE – La Izquierda), sin ninguna pretensión hegemónica pero sin ninguna concesión al posibilismo desmovilizador y a la perversa lógica del “mal menor”.

Nos proponemos, junto a todas aquellas fuerzas que tengan fines similares, desarrollar las transformaciones sociales, laborales, civiles, políticas, económicas y ambientales necesarias para que, gradualmente, se avance hacia una sociedad socialista abierta y sostenible, donde todos los ciudadanos gocemos de los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Una sociedad, en definitiva, de personas verdaderamente libres, sin las ataduras que imponen la desigualdad y la división en clases sociales, y con todas las necesidades materiales, sanitarias y educativas cubiertas.

Sobre la base de que el Estado social y democrático de derecho es, hoy por hoy, el instrumento fundamental para el logro de esos fines y el principal valladar protector de los débiles frente al abuso de los fuertes, consideramos que, cuanto más soberano y más centrado en la defensa de los intereses comunes, más fácilmente cumplirá ese Estado la función que le corresponde. Abogamos, pues, por la recuperación para la Administración central de competencias como las de sanidad que, tal como ha demostrado por ejemplo la reciente pandemia, mejor y más eficazmente pueden ejercerse de manera unificada. Igualmente la educación, que aun respetando estrictamente la pluralidad cultural de España, puede y debe articularse en torno a la promoción de los valores comunes a toda la ciudadanía, sin caer en lo que atinadamente se ha llamado la “trampa de la diversidad”. Defendemos firmemente el derecho a la diferencia; en modo alguno la diferencia de derechos.

En coherencia con lo anterior, por lo que a la organización territorial del Estado se refiere, nos resistimos a emplear, aquí y ahora, el término “Estado federal”. No porque rechacemos la verdadera naturaleza del mismo, sino por la perversión que de él se hace habitualmente al desvirtuarlo con todo tipo de “asimetrías” y confundirlo con el confederalismo (intrínsecamente inestable) o incluso con el derecho a la secesión. Perversión que, creemos, ha sido fruto de un error de partida al pretender resolver dos problemas de cohesión territorial (Cataluña y el País Vasco) creando diecisiete. Federar es unir lo que estaba desunido, no dividir lo que formaba un todo. El actual sistema autonómico, que, siendo realistas, no pretendemos abolir sin más, sí que necesita, creemos, una profunda racionalización en sentido “jacobino” que, de paso, alivie algo la pesada carga de la deuda pública y permita reasignar fondos a la lucha contra las intolerables desigualdades sociales, que no cesan de acrecentarse.

Las principales actuaciones políticas que, sobre la base de lo anterior, nos proponemos impulsar son, entre otras:

-Lanzamiento de un Plan de Trabajo Garantizado, estimulando la economía productiva en lugar de inflar artificialmente, como hasta ahora, el sector terciario, cubriendo con la intervención pública los vacíos dejados por la iniciativa privada y dando prioridad a la inversión en aquellas actividades que más pueden contribuir al bienestar general. En este contexto, y en la presente coyuntura, serán prioritarios un Plan Nacional de Empleo Joven y un Plan Nacional de rescate para autónomos y pequeñas y medianas empresas.

-Creación de un Sistema Estatal de Salud de gestión pública centralizada, universal y de calidad, superando la fragmentación actual, que tan nefastas consecuencias ha tenido al actuar en orden disperso frente a la reciente pandemia.

-Reforzamiento de la Red Pública Educativa, en la que tengan prioridad los contenidos comunes respecto de los particulares de cada región y, allá donde existan dos lenguas oficiales, se respete escrupulosamente el bilingüismo.

-Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones frente a los reiterados intentos de privatización y consiguiente degradación.

-Creación de una verdadera banca pública que, mediante el crédito, oriente la actividad económica hacia los sectores que más puedan contribuir a la prosperidad general.

-Control suficiente por el Estado de los sectores estratégicos de nuestra economía (energía, transportes, etc.) que suelen corresponder a los llamados “monopolios naturales”, sobre los que se apoya toda la estructura económica del país.

Reformas constitucionales en la línea de incluir los derechos sociales en la sección 1ª, capítulo 2, confiriéndoles así el rango de derechos fundamentales. Asimismo, derogación de la modificación del artículo 135 introducida hace diez años por presiones de la UE y vuelta al redactado anterior. Reforma del régimen electoral en sentido proporcional a fin de garantizar igual valor a los votos emitidos en todo el territorio nacional.

En política internacional, replanteamiento de nuestra pertenencia a una obsoleta OTAN que a la hora de la verdad no aporta a nuestro país ningún plus en materia de defensa y nos compromete, en cambio, en intervenciones fuera de su teórica zona de actuación, al servicio de intereses ajenos.

La política es un arte complejo, como la sociedad a la que debe servir, y de él no cabe esperar soluciones simples para todo. Por ello, frente a la autosuficiencia de algunos, reconocemos no tener recetas prefabricadas. Sabemos, por tanto, que sólo la experiencia y la práctica colectiva de los ciudadanos, es decir, la democracia activa, puede acabar hallando las soluciones requeridas en cada caso. Al fomento de esa participación colectiva dedicaremos todos nuestros esfuerzos como partido, partido abierto a todos aquellos dispuestos a aportar su saber y su hacer a esta magna tarea.

Barcelona, octubre 2021.

Grupo Promotor.

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