“Las rebajas fiscales de otoño y las colas del hambre”

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Artículo de Javier Marín Vázquez. Secretario General de AIREs.

Ante la polvareda que está levantando la guerra fiscal entre comunidades autónomas, por ver quién es más complaciente a la hora de “perdonar” el impuesto a sus señoritos, a los ricos, he querido poner el dedo en la llaga con el titular para llamar la atención de los lectores evidenciando un contraste obsceno.

Pero antes vayamos a lo objetivo, a los datos concretos:

El artículo 149.14 de la Constitución Española, dice que el Estado tiene la competencia global sobre Hacienda general y deuda del Estado.

El art. 11.1 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas–en adelante CC.AA- de21/10/1980, les cedió ciertas competencias de recaudación de impuestos, entre ellas el Impuesto sobre el Patrimonio.

El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto directo y personal que se aplica individualmente, no sobre ingresos anuales o transacciones, sino sobre el patrimonio personal de las personas físicas, y se calcula basándose en el valor de todos los bienes del sujeto pasivo, en un porcentaje progresivo que va del 0,2% al 2,5%. Este porcentaje se aplica sobre el valor de la propiedad o activo que excede de 700.000€, según baremo estatal. Los mínimos aplicables por autonomía, varían entre los 400.000 € de Aragón y los 800.000€ del País Vasco.

El Impuesto sobre el Patrimonio de los más pudientes, afecta a más de 200.000 contribuyentes en toda España.

El Ministerio de Hacienda, según datos correspondientes a 2019, declaró que mediante este tributo se recaudaron 1.355 millones de euros, que quedaron íntegramente en las arcas de las CC.AA.

En este mes de septiembre, las CC.AA de Madrid y Andalucía, gobernadas por el PP, han anunciado que renuncian a ese impuesto. En el caso de Madrid, ese regalo impositivo afectará a 16.670 ricos que dejarán de pagar algo más de 700 millones€. En el caso de Andalucía, según datos del Ministerio de Hacienda, la recaudación por Patrimonio en 2021 afectaba a 20.661 señoritos, que en adelante dejarán de pagar 120 millones a la Hacienda andaluza.

Madrid y Andalucía son casualmente las comunidades donde hay menor inversión en sanidad y educación públicas por habitanteAndalucía invirtió 1.398 euros de promedio en 2020 y Madrid 1.491 euros, por debajo de la media nacional de 1.638 euros.

Madrid y Andalucía también figuran a la cola en el gasto público por alumno en enseñanza no universitaria en 2019.Madrid invierte5.148 euros y Andalucía es la penúltima en inversión con 5.442 euros. El promedio en España fue de 6.230 euros.

Las CC.AA también generan ingresos por una parte del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) que grava nuestros ingresos por el trabajo.

En caso de cobrar un sueldo bruto de 28.000 €/año = 1.500.00 €/netos/mes; las CC.AA nos retienen 4.500 €/año del IRPF de media en España. Los tipos de retención oscilan entre el 18 % de Extremadura y el 21 % de Cataluña.

En Madrid, un trabajador que cobre un salario de 30.000 €/año (1.600 €/mes), su CC.AA le retiene 4.829 €/año = 350 €/mes.

En el 2021 en España, 8 de cada 10 contribuyentes (el 78%) ganaban menos de 30.000 euros brutos/año. Es decir, a la inmensa mayoría de la población que cobra un sueldo de supervivencia, se le quita un 20% de sus ingresos; mientras que a los 200.000 ricos, el 0’4% de la población, se les quiere regalar 1.400 millones de €.

Sigamos con los datos.

La inflación media en España, durante lo que llevamos del año 2022, está en el 11%. Los alimentos y productos de primera necesidad han subido una media del 15%. Los sueldos no se han actualizado más allá del 3% en el mejor de los casos. Es decir, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores por cuenta ajena, sufre una bajada del -12%.

A pesar de los bonos de ayuda de 40 € que facilitan algunas CC.AA, las COLAS DEL PARO, un año después de acabada la pandemia del COVID, han vuelto a “decorar” nuestras calles.

Sólo el Banco de Alimentos de Cruz Roja en Madrid atiende ya a 186.000 personas, una población similar a Santander, Pamplona o Almería. Entre Cáritas y Cruz Roja prevén que atenderán a 400.000 personas más a lo largo de 2022; bastantes más que antes de la pandemia; mientras nos advierten de un “otoño negro” (*).

En Cataluña y Andalucía se reproducen las “colas de la indignidad” que debieran sonrojar tanto a los gobiernos autonómicos y central, cómo al conjunto de los españoles.

En España había el año pasado casi 10,3 millones de hogares en riesgo de pobreza. Ese el último dato disponible, calculado por el INE con la renta de 2020. Esto quiere decir, para una persona que viva sola, unos ingresos de menos de 9.535 euros anuales = 790 €/mes

En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, el riesgo de pobreza está por debajo de unos ingresos de 20.024 € anuales = 1.600 €/mes

El riesgo de exclusión social en 2021 subió al 27’8%. En Septiembre de 2022 más de 13 millones de españoles -1 de cada 4- están viviendo en la pobreza.

Durante el año 2022,se han sumado 346.000 nuevas personas más, con unos ingresos inferiores a 9.535 euros anuales, 790 €/mes, según el informe AROPE, la Plataforma Europea de Entidades Sociales, que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión social en los países miembros de la Unión Europea.

Último dato. La deuda externa. La deuda pública de España en el mes de julio de 2002, era de 1.486.978 millones. Lo que corresponde a 31.105 € per cápita, y supone el 116,83% del PIB español; de lo que producimos en un año.

La deuda española en manos del BCE supera ya el 50% del PIB = 860.705 millones, un 84% más que antes de la pandemia, y la deuda sigue creciendo, porque genera intereses y porque seguimos gastando más de lo que producimos.

Conclusión: Estamos hipotecados hasta los ojos. Pagar esa deuda y sus intereses ya es poco menos que imposible.

Pero hete aquí que, en un alarde de prestidigitación y cinismo monumental; Pedro Sánchez se ha buscado un enemigo externo al que colgarle el marrón, al que culpar. Por el presente y por el pasado. La consigna gregaria es: “La culpa es de Putin”

Un breve repaso a las fechas que cito en este artículo, previas a la guerra de Ucrania, demuestra su falacia.

Y su remedio milagroso, no podía ser más irresponsable y temerario: Doblar el presupuesto militar para gastos de Defensa, que según los datos del informe OTAN (**) en 2021 fue de 12.208 millones € (1’03 del PIB), para pasar al 2% del PIB, es decir 204.400 mil millones €/año = 500 € por persona/año que nos corresponde pagar entre todos, a escote.

Al mismo tiempo que propone a los sindicatos “un pacto de rentas” para la contención de los salarios, es decir para que pactemos en los convenios que nos conformamos con perder voluntariamente el 12% de nuestro poder adquisitivo. Seremos más pobres, pero por “acuerdo solidario”

Su visión política es tan cortoplacista como la de los gobiernos anteriores del PP. Con su ejemplo nos vienen a decir: En el último año del mandato gubernamental, toca política de extensión del gasto público cómo parte de la campaña electoral; y el que venga detrás que arree.

Así el sistema económico va colapsando a pasos agigantados, sin que nadie ponga solución. Bien al contrario, sus ocurrencias consisten en bajar los impuestos a los ricos, para que puedan ser más ricos, a costa de que los pobres seamos todavía más pobres.

Y ese resumen para España, se reproduce a nivel continental. Los EEUU están revitalizando su economía a costa de impulsar guerras para vender armas, petróleo y gas a la Unión Europea. Así los EEUU reflotan de su crisis a costa de hundir a los países de la UE.

No podemos seguir por ese camino. Urge un cambio radical de rumbo, antes de llegar a la colisión con el iceberg.

Este mundo no puede seguir regido por el 1% de su población, de los depredadores oligopolistas. Necesitamos que tomen la palabra el 99 % de la mayoría social a la que pertenecemos la clase trabajadora, en sentido amplio. Es decir, la de todos aquellos que necesitan trabajar cada día para poder subsistir.

España necesita de una izquierda valiente, radicalmente democrática, con sentido de Estado, que pase página de los oportunistas que plantean soluciones basadas en el aventurerismo personal.

Urge educar a la población para que sea exigente con su voto. Para que se lea los programas antes de votar y exija el cumplimiento contractual basado en el rendimiento de cuentas.

Urge organizar una fuerza política que apueste, en el papel y en su propia práctica de funcionamiento interno como partido, por la formación cívico-social y la educación política. El sistema neoliberal pervive gracias a la gran inversión en medios para la estupidización y atontamiento social. Cuanto más gregarios, más obedientes, menos cuestionarán al sistema.

Un partido que plantee una profunda reforma fiscal justa, equitativa y realmente progresiva, fundamentada en los impuestos directos y sin privilegios territoriales. Reduciendo el IVA a autónomos y pequeñas empresas. Luchando eficazmente contra el fraude fiscal y la corrupción sistémica que nos rodea.

Fiscalidad Pública que debe regirse por el principio de IGUALDAD, y eso solo será posible desde la cooperación interterritorial, eliminando los privilegios del Cupo Vasco y el Concierto Navarro, que están provocando un efecto llamada.

Necesitamos una fuerza política que se centre en dar respuesta a los problemas inmediatos que tiene por resolver la sociedad española: El empleo; el paro juvenil; la pobreza; el control sobre la inflación y el alza de los precios. El acceso a la vivienda; las puertas giratorias, es decir la connivencia política con las empresas del mercado oligopolista de la energía, que está enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a la mayoría social; la dignificación de la sanidad pública, acabando con los recortes presupuestarios y las listas espera. La mejora en la Educación de calidad, que es la mejor inversión de futuro para nuestro país.

Una fuerza política que se comprometa a impulsar un Plan Nacional de Empleo Joven, específico, que acabe con las altísimas tasas de desempleo de los menores de 25 años, que está en el 40 %, el más alto de Europa, y que ha provocado quedes de 2008, más de 86.000 universitarios hayan tenido que abandonar el país en busca de un futuro que aquí no hemos sido capaces de ofrecerles. Gran parte del esfuerzo social en inversión universitaria, se va por las fronteras.

Una fuerza política que se comprometa con el fortalecimiento y blindaje del Sistema de Pensiones Públicas. Con la revalorización del sistema, la suficiencia y su sostenibilidad; equiparando la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional

Una fuerza política que exija la participación y control estatal efectivo sobre el derecho constitucional a una vivienda digna, controlando los precios de los alquileres y generando suelo para vivienda pública.

Una fuerza política que se comprometa a impulsar una Reforma Constitucional que blinde el derecho a la vivienda, al trabajo y a la salud, que ahora, lejos de ser derechos fundamentales garantizados, sólo son meras declaraciones de principios, sujetas a la voluntad política del gobierno de turno.

Una fuerza política que impulsar el control del Estado sobre los sectores estratégicos de nuestra economía (producción eléctrica, suministros de agua, gas y transporte) en pro del interés general y no de los oligopolios que después empleará a los ministros cesantes.

Una fuerza política que apueste por la creación de una banca pública que priorice la inversión en la economía productiva y no en actividades especulativas.

Una fuerza política que luche resueltamente por la paz en el mundo, planteando resueltamente la eliminación de los bloques militares que sólo sirven para justificar guerras para la desestabilización económica de unos países en beneficio de otros.

Una fuerza política internacionalista y cooperativa, que base su actuación en la solidaridad, el progreso y la paz entre todos los países del mundo.

Y eso sólo podrá hacerlo una fuerza política que tenga una concepción unitaria de un Estado Integral, donde la cooperación y la solidaridad interterritorial figuren con competencias claramente delimitadas y blindadas.

Para ello hay que racionalizar el sistema autonómico, recuperando para el Estado Central competencias clave, como la Sanidad; la Educación; la Fiscalidad y la Seguridad Pública, que ya han demostrado sobradamente en estos últimos 40 años que descentralizadas son altamente ineficaces.

Sólo desde la hegemonía de la izquierda social, podremos impulsar grandes transformaciones económicas que sirvan para mejorar la calidad de vida y la dignidad de género humano.

El futuro no es irremediable, está por escribir, y dependerá de cómo entre todos nosotros queramos enfocarlo: Desde la pasividad de nuestros sofás, o desde la lucha activa para mejorar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es un problema de ACTITUD.

(*) La inflación multiplica de nuevo las colas del hambre en Madrid: “Es una ola inmensa y una muerte a fuego lento” | Madrid | EL PAÍS (elpais.com)

(**) DefenceExpenditure of NATO News,31/3/2022

Artículo publicado en «DiarioProgresista«

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